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El presidente Lenín Moreno afirmó que la fecha de la Consulta popular depende de la Corte Constitucional.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó este 4 de octubre que espera que la consulta popular que tiene programada se celebrará probablemente en enero o febrero de 2018.

"En el mejor de los casos será en enero o febrero", respondió al ser consultado sobre la fecha de esa consulta y explicar que el proceso depende de la Corte Constitucional, a la que el Ejecutivo presentó esta semana el pliego de preguntas.

Moreno recibió en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, a un grupo de periodistas locales e internacionales, para un conversatorio sobre la situación del país.

Pueden entonces convocar a consulta popular el Presidente de la República, los alcaldes y prefectos y la ciudadanía. En todos los casos, se deberá requerir inicialmente dictamen de la Corte Constitucional, dictamen que obviamente se referirá a la constitucionalidad de las preguntas y ser favorable, para que el organismo electoral pueda convocar a la consulta solicitada.

En el caso de la iniciativa gubernamental o del Presidente de la República, dispondrá en forma directa al Consejo Nacional Electoral, mientras que para que los alcaldes o prefectos puedan convocar a consultas populares requerirán de las tres cuartas partes de sus integrantes y las temáticas deberán ser de interés de su jurisdicción territorial.

La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto, cumpliendo con un número determinado de personas empadronadas electoralmente, así, si la consulta es a nivel nacional los solicitantes deberán contar con el respaldo mínimo del cinco por ciento de los empadronados que serían 621.921 personas y para la provincia de Loja se requiere del diez por ciento de los empadronados que serían 39.246 personas, y para una consulta a nivel del cantón Loja se requeriría el apoyo de al menos 18.789 personas.

También podrían solicitar una consulta popular los ecuatorianos residentes en el extranjero con el respaldo de 18.915 personas.

Aunque la propia Constitución estipula que se podrá consultar sobre cualquier asunto, contiene una prohibición expresa, es decir, las consultas populares no podrán referirse a tributos o a la organización político-administrativa.